Pese a que el Supremo haya admitido a trámite un recurso de casación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla en la que se establecía que Lopera no había adquirido el 31,38% de las acciones del Real Betis con su dinero en junio de 1992
Manuel Ruiz de Lopera no va a volver a controlar accionarialmente el Real Betis. Ni él ni su herederos, a pesar de algunas informaciones sesgadas que apuntan en sentido contrario y el revuelo causado por la admisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, del recurso de casación planteado por la sociedad Farusa (Familia Ruiz Ávalo, SA), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que se confirmaba la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla en la que se establecía que Lopera no había adquirido el 31,38% de las acciones del Real Betis con su dinero en junio de 1992, en el proceso de conversión de la entidad en sociedad anónima deportiva.
En el pacto alcanzado por Lopera y Oliver en 2017 con el Real Betis -que nadie ha denunciado a día de hoy, según informan juristas del club verdiblanco- estos vendieron el 51% de las acciones de la SAD (ese 31,38% litigioso valorado en 0 euros y otro 19,96%, valorado en 15,3 millones de euros, de los que 8,8 eran para Lopera y 6,5 para Oliver), que luego el club verdiblanco puso a disposición de sus accionistas y socios. Esa compra-venta de acciones no se cuestiona en ningún momento, por lo que la única manera de que Lopera volviera a ejecer el control del Real Betis es recomprando a los béticos sus acciones, si estos se las quisieran vender.
El Mercantil dictó sentencia en su día, ratificada por la Audiencia, en la que dejaba claro que Lopera, el 30 de junio de 1992, no desembolsó el importe de ese 31,38% del capital social para la transformación del Real Betis en SAD, ya que en ese momento se sirvió de artificios financieros y de un crédito de las cajas de ahorro al propio Betis, por lo que la compra fue declarada nula 25 años después. El capital social fue desemboslado con posterioridad con el dinero que generaba el propio Betis, no Farusa, y lo que el Supremo debe dilucidar ahora es si ese defecto en la suscripción del capital era subsanable o no.
Si el Supremo le diera la razón a Lopera este podría decir que él sí pagó las acciones del Betis en 1992, conforme a la Ley, pero eso no afectaría de ningún modo al pacto suscrito en 2017 -donde ya se contemplaban todos los escenarios de este litigio- por el que vendió al Betis el 51,34% del accionariado del club, el 19,96% que sí había desembolsado y el 31,38% que aún hoy se cuestiona, aunque esas acciones litigiosas ya fueron vendidas luego y no son ahora recuperables, por lo que entre los principales accionistas del Real Betis hay tranquilifdad absoluta al respecto.
La reclamación por los avales de Nelson
En un anexo de este pacto de 2017, el Betis se comprometía a hacerse cargo de las posibles cuantías a las que tuviera que responder Lopera por la operación de Nelson, que el Betis entiende que son de un millón de euros, que ha ido pagando en sus plazos, ya que es una operación que entró en el concurso de acreedores. El Benfica, sin embargo, le reclama a Lopera 2,7 millones de euros, con unos intereses de demora desorbitados, que el club verdiblanco entiende que no debe pagar Lopera ni el propio Betis, que se hizo cargo de ese compromiso de pago. Lopera reclama al Betis, por vía judicial -su reclamación ha sido admitida a trámite-, esos 2,7 millones de euros que el Benfica le reclama a él, una cantidad que el club verdiblanco no está dispuesto a pagar porque entiende que le asiste la ley.
El Benfica, por esta deuda, hace años embargó la pensión de Lopera -de unos 400 euros al mes-, una cantidad de la que deberá hacerse cargo el club verdiblanco, que asumirá lo que el juez determine en su momento sobre esta controversia, que en ningún caso afecta al pacto de compra venta de las acciones. Todo lo que lean u oigan, por tanto, sobre que Lopera puede recuperar el control del Real Betis es rigurosamente falso.